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Boletín de noticias 17 de febrero de 2012
FISCALÍA CITÓ A ENTREVISTA A EXDIRECTORES DE ESE ENTE INVESTIGADOR
Guillermo Mendoza Diago y Mario Iguarán fueron citados en el caso de Fondelibertad.
La diligencia de entrevista será el próximo lunes y el martes, y será ante un fiscal anticorrupción.
De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo es preguntarles qué información conocían de la relación de la exdirectora del CTI Marilú Méndez con Fondelibertad.
Marilú Méndez es investigada por el escándalo en las contrataciones de Fondelibertad. La Fiscalía le imputó el año pasado los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento y tráfico de influencias, de los cuales se declaró inocente.
En el proceso se le señala de haber influido sobre el exdirector de Fondelibertad, Harlan Henao, para que contratara con dos empresas, una de propiedad de su exesposo.
EDAD DE JUBILACIÓN
Por: Stefano Farné
El señor Ministro de Trabajo tiene toda la razón: hablar de reforma del régimen pensional y limitarse al tema de la edad de jubilación es muy simplista.
¿Por qué, en vez de ahorrar en un banco, no nos permiten ahorrar en propiedad inmobiliaria?
En Colombia, los hombres pueden jubilarse a los 60 años y las mujeres a los 55, edades que subirán a 62 y 57 años a partir del 2014. ¿Habrá necesidad de aumentarlas aún más a corto plazo?
El Ministro de Trabajo, en una reciente entrevista con la revista Dinero, definió como "simplista fijarse solo en la edad. Un régimen de pensiones tiene cuatro parámetros: cuánta es la cotización de la gente en proporción del salario, por cuánto tiempo, cuál es el proceso para definir qué recibe cuando se pensiona y a partir de qué edad puede entrar a reclamar ese dinero. La composición de esos parámetros es lo que determina la sostenibilidad del sistema". Con el ánimo de colaborar a complementar la discusión sobre pensiones, a continuación proponemos algunos parámetros adicionales:
1) Respecto a países de similar nivel de desarrollo, la cotización de la gente en proporción del salario en Colombia, que actualmente está en 16 por ciento, es comparativamente elevada. Aquí van algunos ejemplos de países vecinos: en Uruguay es de 15 por ciento; en Chile y Perú, de 13; en Bolivia y Costa Rica, de 12,2; en Ecuador, de 11,7, y en México, de 10,2 por ciento.
2) Mientras que a los cotizantes se les descuenta el 16 por ciento de sus ingresos laborales, solamente el 11,5 por ciento se deposita en sus cuentas individuales y se destina a su ahorro pensional. Lo anterior implica que una proporción significativa de los pagos pensionales, un 30 por ciento, "se pierde" en comisiones y aportes de solidaridad. Por cierto, este no pinta ser un negocio rentable.
3) Desconocemos el verdadero valor de los rendimientos reconocidos en el sistema de ahorro individual. En efecto, desde finales del año pasado, la Superfinanciera ha dejado de publicar las tasas reales de rendimiento que reconocen los fondos de pensiones a sus afiliados, y en sus informes estadísticos solo reporta la tasa nominal, es decir, la que aparentemente es más alta porque no descuenta los efectos de la inflación. Por favor, señor Ministro, interceda para que los colombianos podamos conocer cuál es el rendimiento real que recibimos de nuestros ahorros pensionales.
4) El sueño de la mayoría de los colombianos es poseer una casa propia. ¿Por qué, en vez de ahorrar en un banco, no nos permiten ahorrar en propiedad inmobiliaria? Para ello habría que desarrollar el mercado de las rentas revertidas.
En fin, el señor Ministro de Trabajo tiene toda la razón: hablar de reforma del régimen pensional y limitarse al tema de la edad de jubilación es muy simplista.
EL ESPECTADOR
DAS QUEMÓ REGISTROS DE SEGUIMIENTOS CONTRA MAGISTRADOS: 'MATA HARI'
Explicó que hasta la fecha se conoce el 20 por ciento de los seguimientos de los magistrados.
La exdetective del DAS Alba Luz Flórez, más conocida como 'La Mata Hari' explicó que desde el 2009, el organismo de inteligencia inició los seguimientos e interceptaciones ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de "espiarlos" durante sus sesiones para grabar los temas relacionados con la llamada parapolítica y farcpolítica.
Según la exdetective del DAS, señalada de ser una de las personas que infiltró fuentes humanas en el alto tribunal, el proceso tenía como primer objetivo averiguar cómo iban los procesos contra altos funcionarios del entonces Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
"Hasta el momento solamente se conoce solamente el 20 por ciento de la información recolectada en la Corte. Por orden de mi jefe se destruyeron archivos y documentos", precisó la 'Mata Hari' ante la juez 32 de conocimiento de Bogotá.
Para esta misión, se ubicaron grabadoras y micrófonos en las salas plenas de los magistrados de la Corte, con la ayuda de las empleadas del servicio que eran además las encargadas de recoger las grabaciones y hacer estudios de inteligencia, entre los que estaban los movimientos y encuentros de los magistrados en sus tiempos libres.
Ya para 2010, cuando el escándalo por las llamadas 'chuzadas' empezó a sonar en la opinión pública, su jefe, el entonces director de fuentes humanas William Romero, ordenó hacer informes falsos para "ocultar" la información que se había recolectado hasta el momento.
Aunque aseguró desconocer que documentos habían sido destruido, sí señaló que entre los informes que fueron solicitados por la entonces directora del DAS María del Pilar Hurtado, se encontraban los temas relacionados con los proceso contra Guillermo León Valencia Cossio (hermano del entonces ministro del Interior Fabio Valencia Cossio), el exdirector del organismo de inteligencia Jorge Noguera Cotes y el senador, y primo del presidente de la República, Mario Uribe Escobar.
En los procesos por la llamada 'Farcolítica' se recolectaron más de 1.400 folios, los cuales tenían relación con las investigaciones que se adelantaban contra los entonces congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba.
Seguimientos en su contra
A la salida de la diligencia judicial, la exdetective señaló que hace un mes denunció actividades de seguimiento en su contra y sus abogados, hecho que ya fue conocido por la Fiscalía General que emprendió acciones.
Igualmente aseguró que está comprometida a seguir colaborando con la justicia y entregando información clave sobre los procesos que se adelantan por las llamadas chuzadas.
DURO RECLAMO DEL GOBIERNO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Ministro Germán Vargas se quejó porque aún no nombran los jueces agrarios de restitución de tierras.
El Gobierno Nacional envió este jueves un duro mensaje al Consejo Superior de la Judicatura por la falta de nombramiento de los jueces agrarios.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que "sin los jueces agrarios las denuncias que en materia de restitución de tierras se están recogiendo, no tienen ante quien tramitarse".
El compromiso inicial era para el 15 de enero y ha pasado casi un mes sin una respuesta. "Es lamentable no contar con ese instrumento", sostuvo.
De momento, no se ha designado ninguno de los jueces y se necesitan al menos 72 en la primera etapa del proceso de devolución de tierra a los campesinos desplazados.
El ministro recalcó varias veces que el plazo que el mismo Consejo se había fijado era el 15 de enero y transcurrido un mes, aún no hay ninguna acción.
Finalmente, Vargas Lleras agregó que el Gobierno "no va a ser tolerante" con los 'ejércitos' en contra del plan de restitución de tierras.
GOBIERNO INSISTE EN QUE REFORMA A LA JUSTICIA NO ES CONTRA NADIE
El ministro Juan Carlos Esguerra enfatizó que el proyecto "no pretende privatizar la justicia".
Durante el primer foro regional sobre el proyecto de Reforma a la Justicia celebrado en Ibagué, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, advirtió que algunas críticas de esta iniciativa no se compadecen en absoluto ni con el espíritu ni con el propósito del proyecto.
“Debe comenzar por decirse que por supuesto este proyecto no ha sido concebido en contra de nadie. Esta reforma no pretende privatizar la justicia, no busca en lo absoluto, a nadie se le ha pasado por la imaginación, la idea de acabar con la separación de poderes, de atentar contra la autonomía de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, de afectar el equilibrio que debe existir entre las Ramas del Poder Público, digo de afectarlas sobre la base de dotar de poderes exagerados a la Rama Ejecutiva o a la Rama Legislativa. Nada de eso es cierto, nada de eso aparece en el proyecto de reforma”, sostuvo.
El alto funcionario explicó que este proyecto hace parte de un conjunto de iniciativas que de manera integral buscan ofrecerles a los ciudadanos una justicia más pronta y efectiva.
"Queremos una descongestión judicial pensando en el ciudadano de a pie, que quiere una justicia más rápida y que le resuelvan sus litigios", señaló el jefe de la cartera de justicia. El alto funcionaro además explicó los dos pilares sobre los que se fundamenta el proyecto.
“Lo que se busca es trabajar en la línea de la descongestión y la agilización de la justicia, de dotarla de los recursos necesarios, en materia de infraestructura, en materia financiera para que pueda cumplir adecuadamente con sus tareas. Y por otro lado, introducir algunas modificaciones en el andamiaje del aparato de administración de justicia, modificaciones que la Rama ha venido pidiendo a gritos en algunos casos”, indicó.
El representante a la Cámara, Carlos Edward Osorio, quien es además el coordinador de ponentes, dijo a su turno que “queremos dotar al país de herramientas útiles. Están equivocados quienes creen que este Acto Legislativo de Reforma a la Administración de la Justicia es sólo operativa e independiente. Esta reforma ha de verse de manera integral, y queremos acertar".
Al Foro acudieron académicos, estudiantes, abogados, funcionarios de la Rama Judicial local, del Gobierno y por supuesto, congresistas, quienes debatieron los aspectos más polémicos que incluye la propuesta de reforma.
“Es importante traer a esta tierra tolimense el proyecto, no con el propósito simplemente dogmático de explicarlo sino para llevarnos de regreso la reacción de ustedes, las sugerencias, recomendaciones e inclusive las críticas que puedan haber sobre el particular. Mientras más personas puedan participar en la elaboración del mismo, tanto mejor”, señaló el ministro de Justicia.
GOBIERNO Y POLICÍA ADMITEN CRISIS EN 'CÁRCELES' JUVENILES
La Policía señaló que están siendo investigados varios uniformados por maltrato a adolescentes.
Escándalo por maltratos en centros de reclusión para menores de edad
Ante el preocupante panorama esbozado por la Procuraduría General de la Nación sobre la crisis que actualmente afronta el sistema de ‘cárceles’ juveniles, al ser consultados el Gobierno y la Fuerza Pública, fueron admitidas las falencias en el sistema.
De tal orden son los problemas que en desarrollo de un debate en la Cámara de Representantes, el director de Infancia y Adolescencia de la Policía, general Nicolás Muñoz Martínez, admitió que se han tenido casos de policías involucrados en maltrato en contra de adolescentes.
“De manera inmediata se han asumido las acciones disciplinarias y en coordinación con la Fiscalía se han llevado las acciones penales”, indicó el oficial. Señaló además que se está trabajando para que los uniformados sean respetuosos de la ley y del orden institucional.
Aunque prefirió no dar cifras concretar sobre las investigaciones, recalcó que “para nosotros cualquier caso que se cometa de maltrato contra un niño o un adolescente, es supremamente grave y reprochable”.
A su turno, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, dijo que a lo largo de los últimos dos años el número de niños vinculados a delitos y con responsabilidad penal se ha incrementado y “esto ha afectado el número de cupos que tiene el Bienestar Familiar haya copado su capacidad”; esto en respuesta a la denuncia de hacinamiento. Actualmente, el Bienestar Familiar está implementando un plan de choque para poder tener mayores cupos.
Desde la Ley de Infancia y Adolescencia (2006) han pasado por los centro de reclusión de menores 25.000 adolescentes. En el último año por el sistema penal adolescentes han pasado 10.000 menores.
Sin embargo, Molano exhortó al Congreso a pensar en penas distintas para menores de edad. Según él, se podrían utilizar otros mecanismos de justicia restaurativa para solucionar sus problemas y realmente darles una verdadera oportunidad.
“La idea es implementar penas de justicia restaurativa porque en su mayoría tienen condenas de hurto y micro-tráfico (…) darles una segunda oportunidad a través de trabajo comunitario podrían cambiarles a reconstruir sus proyectos de vida”, señaló.
La denuncia de la Procuraduría
La Procuraduría advirtió malos tratos en los centros de reclusión para los menores infractores, denuncia que se conoció en un debate realizado en la Cámara de Representantes. La alerta se da por las condiciones infrahumanas en que se mantienen a los menores de edad en los 'cárceles' juveniles.
La procuradora delegada para la Infancia, Ilva Myriam Hoyos, dijo que es "tan lamentable" la situación que se han tenido que interponer acciones de tutela por la violación de Derechos fundamentales en esos centros penales.
Algunas denuncias:
*En Bogotá se conoció que en el centro El Redentor no hay completas instalaciones sanitarias.
*Se está vulnerando el derecho a la salud y la dignidad.
*Algunos jóvenes han tenido que dormir en el piso uno o varios días.
*Precaria alimentación para los jóvenes recluidos.
La Procuraduría espera que se puedan establecer mecanismos para adecuar recursos porque hay serias falencias en el sistema. "Se debe hacer un esfuerzo económico para adecuar los centros penales", sostuvo la Procuradora.
Dijo que hay hacinamiento y alertó que con el 'plus' de protección de la Ley de Seguridad Ciudadana para los menores delincuentes, esa situación va en aumento.
CORTE DEFINIRÁ IMPEDIMENTOS DE MAGISTRADOS EN CASOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
Tres magistrados se declararon impedidos en el caso de Arias Cabrales.
La Corte Suprema de Justicia tendrá que definir en los próximos días el recurso de impedimento presentado por los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Hermens Darío Lara Acuña, Fernando Pareja y Alberto Poveda, para conocer las apelaciones en los casos de los generales (r) Jesús Armando Aria Cabrales e Iván Quintero procesados por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
En su recurso, los magistrados señalaron que no podían emitir ningún concepto alguno en estos dos casos, puesto que hace un mes había proferido la ratificación de la condena a 30 años de prisión contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.
El alto tribunal tendrá que precisar si existen motivos para avalar el impedimento de los tres magistrados de la Sala Penal para que conozcan los otros dos casos de los militares, o por si el contrario niega dicha solicitud.
Vale recordar que el excomandante de la Brigada XIII general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada, mientras que el excomandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) general (r) Iván Ramírez Quintero fue absuelto por duda procesal.
ONG VUELVEN A PEDIR A LA UE QUE CONDENE LAS DESAPARICIONES EN COLOMBIA
Se estima que a mayo de 2011 se registraban en el país más de 57 mil personas desaparecidas.
La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), que representa a una treintena de organizaciones de diez países europeos, volvió a pedir a la Unión Europea (UE) que haga una condena pública de las desapariciones forzadas en Colombia.
Además, pidió en un comunicado que la UE inste al Gobierno colombiano a emprender una "lucha frontal" contra este crimen, apoyando a las víctimas y juzgando a los responsables.
La plataforma destacó que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos cifró en mayo de 2011 en más de 57.200 el total de desaparecidos, después de que en 2010 registrara un aumento del 40 % de los casos de desaparición forzada con respecto a 2009.
En concreto, recordó que el viernes se cumple un año de la desaparición en la ciudad de Cali de la activista ecologista Sandra Viviana Cuéllar, de 26 años.
A raíz de este suceso, Oidhaco y otras ONG pidieron a la UE una manifestación pública contra las desapariciones forzadas "que no llegó", señaló.
El portavoz de la organización, Vincent Vallies, mostró su preocupación por "el silencio de la UE ante este drama que afecta a miles de personas".
"A día de hoy no tenemos noticias de Sandra y no vemos acciones del Gobierno (colombiano) enmarcadas en encontrar su paradero", apuntó.
Desde su punto de vista, el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, todavía no ha tomado las acciones necesarias para finalizar el proceso de ratificación del Convenio Internacional para la protección contra las desapariciones forzadas, lo que consideró que "es muy grave y no nos indica una voluntad de lucha contra ese crimen".
Oidhaco pidió a la UE "una actitud más firme" y que exprese públicamente sus preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos y la impunidad durante el próximo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
EL DERECHO AL AGUA
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció que en cuestión de pocos días empezará a regir una de sus propuestas más llamativas de campaña: el consumo mínimo vital de agua para estratos uno y dos, consistente en la gratuidad de seis metros cúbicos mensuales del líquido.
Petro afirma que el precio se verá reflejado en la próxima factura. Haciendo cuentas, el mandatario afirma que el estrato uno ahorrará, en promedio, 8 mil 463 pesos al mes, mientras que el dos ahorraría, cada dos meses, aproximadamente 20 mil pesos.
Al parecer el alcalde Petro cumplirá con su promesa, que durante la campaña padeció la incredulidad de sus rivales. ¿Qué implica este nuevo régimen para la ciudad? En primera medida, y sólo bajo la lupa del derecho, la ciudad de Bogotá estaría cumpliendo con algunas directrices que se desprenden del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre ellas: “asegurar el acceso a una cantidad mínima esencial de agua que sea suficiente y salubre”. Como lo enuncia un amplio informe de la Defensoría del Pueblo sobre el tema. El derecho al agua es básico —que permite la realización de otros tantos— y está consagrado en el derecho internacional. Ante esto no hay discusión.
Habrá que centrarse en la forma de implementar la política. Dos problemas tendrá que enfrentar. El primero es cuidar las saludables finanzas del Acueducto de Bogotá. Pese a que hasta ahora no se ha presentado una oposición técnica contundente, es claro que la gratuidad de una cantidad mínima se verá reflejada de alguna forma en el modelo económico que el Acueducto tiene, pese al cruce de cuentas que Petro ha propuesto, a saber, la extracción de esa plata que saldrá de las arcas del Distrito directamente a la entidad. El otro se encuentra en la gratuidad misma del servicio: algunos expertos consultados por este diario han manifestado que sin una cultura ciudadana detrás de la efectividad del derecho (una cantidad de agua gratis), habrá no sólo un progresivo mal entendimiento del pago (es decir, del deber que se desprende del derecho), sino posiblemente también una clientela ciudadana que irá detrás de más y más dádivas. El alcalde, como hombre público que emprende una gran política reformista, deberá cuidarse de estos dos fantasmas.
Pero por otro lado, quisiéramos enfocarnos en un asunto general y de más envergadura: la política (en este país ausente) integral del agua. No solamente fijarse en la gratuidad del servicio, una punta del iceberg del problema, aun así fundamental, sino en lo que viene después: el uso eficiente del agua. Una política a largo plazo que no solamente se quede en el derecho particular, sino que se concentre en tres aspectos fundamentales: la necesidad de retribuir económicamente a las áreas fundamentales que proveen el agua, el manejo del territorio (las viviendas alrededor de los ríos, entre otros) y tomar las decisiones correctas para el futuro impacto del cambio climático que ya prevé que habrá menos agua para la Sabana de Bogotá.
Apoyamos la iniciativa del alcalde. Esperamos, a la vez, que esta prestación básica y particular sea el inicio de un largo camino, del llamado ‘eje fundamental del agua’ que contemple un marco más amplio para visualizar un elemento primordial en la vida de las personas. También eso, hay que decirlo, fue parte de la promesa de gestión. Lo que pasa es que quizás su aplicación no dé réditos políticos inmediatos como esta primera piedra. Ojalá el camino continúe. Y que el debate se extienda a nivel nacional, lo cual también sería positivo. La hora de coger las riendas del agua puede estar llegando. Enhorabuena.
REVISTA SEMANA
DISPUTA ENTRE NICARAGUA Y COLOMBIA, A AUDIENCIA ANTE LA CIJ
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará entre el próximo 23 de abril y el 4 de mayo las audiencias orales en el contencioso que enfrenta desde 2001 a Nicaragua y Colombia por su frontera marítima y terrestre.
/Nicaragua, como país demandante será la encargada de abrir las audiencias el 23 de abril, a partir de las 2:00 p.m. y continuará con la exposición de sus argumentos al día siguiente, según lo anunció este jueves el máximo órgano judicial de la ONU.
Colombia hará lo mismo las siguientes dos jornadas, mientras que la segunda ronda de las audiencias se celebrarán el 1 de mayo (Nicaragua) y el 4 de mayo (Colombia).
Nicaragua, que declaró no válido un acuerdo de límites con Colombia suscrito hace más de 80 años y llevó el litigio a la CIJ en 2001, reclama unos 50.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, área que incluye el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre el cual Colombia ejerce su soberanía desde 1928.
Los países vecinos Honduras y Costa Rica solicitaron a la CIJ participar en la tramitación del contencioso porque consideraban que el posible fallo de la corte podría afectar a sus intereses.
Sin embargo, en mayo de 2011 los jueces rechazaron las solicitudes de intervención de los dos países, las cuales han retrasado la fecha de inicio de las audiencias orales.
Nicaragua era contraria a la intervención de Honduras y Costa Rica, mientras que Colombia asumió una posición más favorable al respecto.
Por su parte, los Gobiernos de San José y Tegucigalpa se mostraron conformes con la decisión de los magistrados, ya que consideraron que con sus solicitudes pusieron sobre la mesa sus preocupaciones sobre algo que puede afectar a sus intereses en el mar Caribe.
En 2007 y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia en la disputa, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la lucha por la jurisdicción de esas islas.
DOS ESTRATEGIAS SOBRE LA REFORMA A LA JUSTICIA
El presidente Juan Manuel Santos quiere repetir esta foto que se tomó en septiembre de 2011. Junto al Congreso y las altas cortes. Fue el único momento en que la reforma a la justicia pareció tener consenso.
En un mes reiniciarán en el Congreso los debates del polémico proyecto. El gobierno emprende una ofensiva para que se apruebe por consenso, mientras las altas cortes apuestan por evidenciar “la ineficacia” de la reforma.
Que en junio próximo se apruebe la reforma a la justicia, es un escenario muy previsible. El enredo es cómo se apruebe el que sigue siendo el principal objetivo de Juan Manuel Santos en el Congreso.
El gobierno tiene dos caminos. Aprovecha el ‘control’ que tiene sobre casi el 90 por ciento del Congreso y hace aprobar la reforma, o se la juega para que las altas cortes vuelvan a la discusión.
El primer camino es posible. Incluso, el pasado 8 de febrero, después de que el Consejo de Estado (vocero de la rama judicial en la discusión) manifestara que seguiría ausente del debate, el editorial del diario El Tiempo planteó esa posibilidad: “... Es momento de aceptar el escenario de una aprobación (de la reforma a la justicia) sin la concertación con las cortes. Ellas mismas, no hay que olvidarlo, decidieron dar el portazo”.
Si eso pasa, ese principio constitucional de la armonía de los poderes podría ser el principal vulnerado. Porque la lectura que dejaría es que la reforma sería diseñada por el ejecutivo y el legislativo, e impuesta al poder judicial.
El segundo camino es más complejo. Significa llegar a un consenso con las cortes, un empeño que al gobierno le ha supuesto 18 meses sin conseguir mucho, o nada.
La estrategia del gobierno
La ofensiva del gobierno, para llegar a ese consenso, ya empezó. Incluye, por un lado, el diálogo con las altas cortes. Una responsabilidad que no es exclusiva de los ministros de Justicia e Interior, sino que tiene en el presidente de la Cámara, y jefe único del Partido Liberal, Simón Gaviria, a uno de sus protagonistas.
Precisamente, Gaviria dice que al presidente Juan Manuel Santos “sólo le sirve” una reforma a la justicia concertada con las altas cortes. “El presidente Santos es el más interesado en que este trámite de la reforma se haga de cara al país”, dice.
Gaviria ya empezó esa tarea. Porque, dice, hay que “recuperar la calificada opinión de las cortes, es un compromiso del Partido Liberal y de todos los partidos de la Unidad nacional”.
El jefe del Liberalismo inició diálogos con los presidentes de las altas cortes, pero encontró un terreno complejo.
Porque el ambiente que se percibe en la rama judicial es que el proyecto se ha convertido en una revancha del Congreso contra el poder judicial. “Hay que rechazar la percepción de venganza y que la reforma se concentre a favor de los ciudadanos, mejorar su acceso a la justicia”, dice Gaviria.
Mientras estos diálogos avanzan, el gobierno empezará otra estrategia: socializar la reforma a la justicia en las regiones, con la academia, y el poder judicial local, siempre en busca de respaldo. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, tiene esa misión y este jueves la inicia en Ibagué. Bogotá, Cali y Cúcuta serán los próximos escenarios.
La estrategia de las cortes
Pero las cortes no se quedarán quietas. De hecho, aplicarán una estrategia similar para exponer sus temores frente al proyecto que avanza en el Congreso y que está a solo cuatro debates de convertirse en reforma constitucional.
Liderados por el Consejo de Estado, convocarán a un foro nacional, programado para los días 14 y 15 de marzo en Bogotá, con el sugestivo nombre de “Foro para la Defensa de la Constitución”.
A él asistirán organizaciones sociales, agremiaciones de justicia, académicos y empresarios. La tesis que defenderán las cortes es que la reforma a la justicia “es una sustitución de la Constitución del 91”, porque, a juicio de ellos, “afecta el sistema de pesos y contrapesos consagrado en la carta política”, tal como lo afirmó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, en entrevista al diario El Espectador, publicada el 15 de febrero.
“... nos preocupa la reforma a la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo para crear salvaguardas que impiden que el Poder Judicial pueda controlarlos”, explicó Gómez.
A ese encuentro también fueron invitados los ponentes de la reforma a la justicia de Senado y Cámara. El propósito de las cortes es que los parlamentarios también fijen sus posturas, pero “en un escenario neutral”, aunque dicho foro tiene aires de que los magistrados podrían jugar de local.
Porque las altas cortes, además, no olvidan el “mal trato” que recibieron por parte del Congreso durante los tres debates en que decidieron participar. Primero, no le dieron espacio al proyecto de reforma que el Consejo de Estado radicó. Y en los debates de comisión y plenaria del Senado, solo les otorgaron la palabra cuando los artículos ya estaban aprobados.
La mediación de la academia
De forma paralela, la academia también tiene su propia estrategia. Sentar en la misma mesa al gobierno, las cortes y el congreso, y punto por punto, abrir otro espacio de discusión, pero sin el calor de las discusiones propias del Capitolio.
La Corporación Excelencia en la Justicia y el Instituto Ciencia Política presiden el escenario que ya tuvo su primer capítulo. Allí hay un “diálogo horizontal” entre los representantes de las cortes, el ministro de Justicia, y los ponentes del proyecto.
¿Qué harán los partidos políticos?
Los partidos políticos, que tendrán la última palabra sobre el proyecto, parecen cambiar de estrategia. Si bien, el año pasado le dieron trámite a la reforma, al aprobarlo en cuatro debates, fue con el ánimo de salvarle el proyecto al gobierno, pero con una condición: que en los cuatro debates restantes la discusión sería más profunda.
Hace poco, Juan Lozano, presidente del Partido de ‘la U’, le hizo una especie de advertencia al gobierno. “Si no cambia la fórmula para fijar el presupuesto de la rama judicial, ‘la U’, y los otros partidos de la Unidad Nacional, se condicionaría el respaldo al proyecto”.
En diálogo con Semana.com, Lozano insistió que el tema presupuestal no es el único. Y es que la propuesta del gobierno de dotar de funciones jurisdiccionales a abogados particulares y notarios, no tiene pleno consenso en los partidos políticos, y mucho menos en las cortes.
Porque, por ejemplo, los notarios son disciplinados por un superintendente, cuyo superior jerárquico es el propio gobierno. Es decir, el temor es que la justicia pase a manos del Ejecutivo. Por eso Lozano le exige al gobierno que determine cuáles serán las causas que hoy están represadas en la justicia y que pasarían al conocimiento de particulares.
Ese es el camino de espinas que le espera a la reforma. Sobre el papel, todo apunta a que el gobierno tiene cómo aprobar el proyecto. Pero necesita de la presencia de las Cortes para entregarle mayor legitimidad, porque, como dijo un congresista, “la legitimidad social de la reforma a la justicia es precaria”, y cambiar esa percepción es el principal reto del presidente Santos.
EL NUEVO SIGLO
AGUA DENTRO DEL MÍNIMO VITAL
Es el agua, sin duda, uno de los elementos esenciales en la vida humana. Por eso se habla en la Ley de la necesidad para todos los colombianos, especialmente los de escasos recursos, de tener un mínimo vital. Y es así justamente porque dentro de los servicios públicos puede, en caso extremo y temporal, no tenerse energía o comunicaciones, pero lo que es imposible para la supervivencia, la higiene y las labores cotidianas es carecer de agua.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, en consonancia con el programa de campaña, acaba de decretar el mínimo vital gratuito para los estratos 1 y 2, medida que beneficiará a alrededor de 600 mil hogares. Ello redundará en un ahorro de veinte mil pesos para las familias de escasos recursos, lo que supone alrededor de $ 70 mil millones en los ingresos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. El faltante, a su vez, será sufragado por giros directos de la Secretaría de Hacienda, por lo cual la Empresa en sí misma no modificará sus inversiones y rentabilidades. De esta manera se beneficiarán los más pobres, ya favorecidos con los subsidios cruzados que provienen de la división citadina por estratos.
Así, la Alcaldía desarrolla el concepto de los derechos colectivos y fundamentales consagrados en la Constitución. De otro lado, sin embargo, debe hacer la Administración lo máximo posible por controlar y sancionar el contrabando y la fuga del agua en el Distrito Capital. En efecto, tal circunstancia está reputada en un 37% de pérdidas acuíferas, lo que representa nada menos que medio billón de pesos.
Siendo el agua el bien más preciado de toda comunidad, la cifra anterior es verdaderamente alarmante. Tendría el alcalde Gustavo Petro que crear y nombrar un gran bloque de búsqueda para reducir a los que proceden de semejante manera. Es el agua, ciertamente, oro puro, de suerte que robarla es igual que entrar a mano armada a cualquier banco. No es posible, pues, que mientras bogotanos honestos pagan lo correspondiente, otros se vean malamente beneficiados por carencia de controles estatales. Para ello, precisamente, deberían servir las Alcaldías Locales, no solamente para administrar los recursos presupuestales de las Localidades, sino para ordenar la casa en cada uno de los territorios. Y lo mismo debería ocurrir con la Contraloría y la Personería, no solo con sus unidades respectivas dedicadas a la vigilancia del Estado, sino igualmente con capacidad para disciplinar a los ciudadanos en el uso de los recursos citadinos.
Fundamental, también, es adelantar labores pedagógicas en el uso del agua. Aunque en su momento se avanzó en la materia, cuando hace un tiempo la ausencia de lluvias secó los embalses, la ciudadanía ha venido perdiendo la disciplina en la materia. Retomar ese hilo pedagógico es indispensable y nunca sobran las campañas que enseñan al bogotano a administrar mejor los propios recursos.
Nadie dudaría, como en el caso de la educación gratuita, que garantizar el mínimo vital redime a las gentes más pobres. Pero igualmente el ahorro que así consigan no debería dilapidarse. Aunque no se trata de una cifra abrumadora, sí es importante dentro de la estrechez que supone el salario mínimo. En todo caso, colaborará ello en la expansión de la oferta y la demanda de bienes de consumo, por cuanto no es malo que $ 70 mil millones entren de circulante a la ciudad.
Con esto, la primera ejecutoria real de la Administración distrital y frente a anuncios y otros debates, está demostrado que es mejor producir hechos antes que levantar polémicas. Evidente, según las encuestas, es que el Alcalde comienza a afianzarse. Lo importante es que lo haga con obras y actuaciones fehacientes, que es el síntoma crucial de que hay gobierno.
NO HAY QUIÉN SE OCUPE DE JÓVENES INFRACTORES
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) es la cenicienta del Estado colombiano y en este momento una de sus principales falencias es la falta de un verdadero ente rector.
Así fue expuesto ayer durante la audiencia pública “Justicia juvenil: por una segunda oportunidad”, citada para discutir alternativas en torno al informe de evaluación del SRPA, la cual fue promovida por los representantes Ángela Robledo del Partido Verde y Germán Navas del Polo Democrático.
Durante la audiencia la Comisión de Seguimiento a la aplicación del SRPA, que fue creada por la Ley de Seguridad Ciudadana, integrada por organismos como el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y varias ONG, presentó un informe en el que detalló las 10 principales falencias que tiene este Sistema, que fue creado desde el año 2006 para los adolescentes que se ven implicados en la comisión de delitos.
En ese sentido una de las principales es la falta de un ente rector a cargo de la aplicación del SRPA, como lo señaló Margarita Barraquer, secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Niñez, que hace parte de la citada Comisión: “El primer punto crítico es la ausencia del ente rector. Desde la aprobación de la Ley 1098 de 2006 se advirtieron problemas de articulación del Sistema, dado que no se definió la institución que debía encargarse de convocar, coordinar y articular todas las acciones”
Sobre el particular la Procuraduría General había advertido hace algún tiempo que dicho vacío debe ser llenado para que el SRPA pueda funcionar eficientemente.
“Inicialmente la mayoría de miembros de la Comisión propusieron que la organización del Sistema estuviera en cabeza del Ministerio del Interior, quien desde su visión y misión garantiza prioridad integral del Sistema desde de la perspectiva de los derechos humanos y con amplia capacidad para coordinar las instancias regionales y locales”, señaló Barraquer.
Sin embargo, agregó, esta tesis ha sido reemplazada por la de la Procuraduría General: “Tiene que ser el Ministerio de Justicia quien asuma este papel, toda vez que se trata de un sistema de justicia y que la estructura orgánica de este ente contempla la definición de la política criminal y penitenciaria”.
En esto coincidió el Ministerio del Interior. El viceministro Juan Fernando Londoño informó que ellos tienen la voluntad de hacer un acompañamiento al SRPA, “en el entendido, por supuesto, de que quien tiene la competencia, la capacidad institucional, la suficiencia técnica y la vocación es el Ministerio de Justicia”.
Igualmente sobre quién debe ser el ente rector del SRPA, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa Jorge Fernando Perdomo expresó que el ICBF ha venido desarrollando un papel, pero es claro que no puede realizarlo solo sino que en esta tarea tenemos que estar todas las entidades que de alguna forma podemos colaborar”.
Perdomo precisó que el Gobierno nacional está analizando el tema de quién debe ser el ente rector del SRPA, pero en este punto recalcó que se debe tener en cuenta que no podrá haber un ente rector que lo haga todo. Añadió que a la hora de definir la entidad, igualmente se debe tener en cuenta su capacidad de convocatoria nacional.
La cenicienta
“Es cierto que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ha sido la ‘cenicienta’ del Estado colombiano”, aceptó el consejero para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Francisco José Lloreda.
Según el funcionario, el propósito del Gobierno nacional es cambiar esta situación, pero puso de relieve que es una tarea que le corresponde a todas las entidades del Estado, e hizo un llamado a las entidades territoriales a que la aplicación del SRPA sea una de sus prioridades.
En cuanto a la definición de un organismo rector, Lloreda dijo que el Gobierno contrató un estudio “que nos permita revisar el diseño institucional del Sistema para ver cuáles pueden ser las responsabilidades precisas de distintas entidades”. Enfatizó que todavía no hay una decisión sobre qué entidad será la rectora del SRPA.
REVISTA DINERO
EL POZO DE LA DICHA
A través de acciones de tutela, falladas por un pequeño grupo de jueces, abogados y ex trabajadores buscan arrebatarle a Ecopetrol más de $1 billón.
“¡Aprovechemos la ocasión que Dios nos brinda en Cúcuta..!”, se leía en un correo electrónico enviado por Marco Antonio Ruiz Gualdrón, funcionario de Ecopetrol, a varios de sus compañeros de trabajo en todo el país. Los términos emocionados del mensaje no se referían al éxito en la exploración de algún pozo petrolero, pero sí al hallazgo de una especie de “yacimiento” a través del cual una red de abogados, jueces y trabajadores pretende sacarle a la compañía cerca de $1,3 billones, algo así como 10% de las utilidades generadas por la compañía en 2011.
El 11 de enero de 2011, Ruiz acababa de recibir una oferta del abogado José Trinidad Minorta, que se encargaría de presentar acciones de tutela para extraer jugosos réditos a través de reclamaciones laborales contrala más grande compañía del país. El litigante ofrecía los servicios en términos de una ganga: por cada grupo de 50 trabajadores, él cobraría ‘tan solo’ $25millones por su gestión, pero si el paquete de clientes era menor, entonces reclamaría $26 millones. El precio no incluía la participación por el éxito de sus gestiones.
Había otra particularidad en la oferta. Los trabajadores interesados podrían pertenecer a cualquier distrito de la compañía en el país, pero tendrían garantía de éxito en Cúcuta, donde jueces conocidos harían su parte. Eso ocurrió pese a que la ley exige que los demandantes acudan a los jueces que tienen jurisdicción sobre el lugar en que vive el demandante.
Inicialmente, las reclamaciones se referían al “Plan 70”, un programa de beneficios acordado entre empresas y trabajadores para mejorar las pensiones de jubilación si el interesado sumaba 70 puntos al tener en cuenta variables como el tiempo de servicio y la productividad. Luego se hicieron extensivas a otras modalidades de pretensión, como la incidencia salarial del estímulo al ahorro. El estímulo era una figura creada por la empresa para frenar la fuga de cerebros cuando compañías petroleras foráneas comenzaron a irrumpir en el país.
El cúmulo de interesados fue tal que el 18 de febrero siguiente, el abogado Minorta tuvo que alquilar un salón en un hotel para atenderlos. A todos los convenció de que el éxito estaba garantizado por sus contactos privilegiados y se mostró flexible con los costos. Les dijo a sus clientes que su tarifa había sido reducida, pues inicialmente pensaba cobrar el equivalente a diez mesadas pensionales, cuyo monto oscilaría entre $35 millones y $80 millones.
En el correo en el que invitó a la reunión con el abogado, Ruiz Gualdrón anticipó de alguna manera lo que pasaría de ahí en adelante: “Recordemos –escribió– que para poder darle al águila debemos apuntar como si fuéramos a darle a la luna”. Un año después, Ecopetrol ha perdido 829 acciones de tutela presentadas en Cúcuta y se ha visto obligada a desembolsar $80.000 millones. Los fallos provienen casi siempre del mismo juzgado y de los mismos magistrados del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la ciudad.
Entre los beneficiarios de las tutelas hay trabajadores y ex trabajadores que no pudieron demostrar su tiempo de servicio y que inflaron sus pretensiones con documentos que podrían resultar apócrifos. Varios de ellos ya habían presentado acciones de tutela por los mismos hechos en otros lugares donde tiene presencia Ecopetrol, como Barrancabermeja y Sabana de Torres.
Lo ocurrido en Cúcuta es una réplica casi exacta de lo que venía ocurriendo en Cartagena, donde el Consejo Superior de la Judicatura parece haber cauterizado, al menos provisionalmente, la vena abierta del desangre que, de proseguir, podría costarle a la compañía no menos de $690.000 millones.
La Sala Disciplinaria del Consejo, de la mano del magistrado Jorge Otálora, suspendió recientemente y formuló cargos a dos magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar que bien podrían ganarse el título de campeones de los fallos de tutela contra la empresa. Ahora habrá que establecer qué responsabilidad les cabe, en el caso de Cúcuta, a los abogados, entre los que figura, además de Minorta, su colega Jorge Horta Orozco.
¿Operación saqueo?
Encontrar magistrados dispuestos a fallar a favor de trabajadores de Ecopetrol en una disputa laboral por ajustes salariales no fue tarea fácil. La Corte Constitucional ya había advertido que estos pleitos debían ventilarse por la vía ordinaria; es decir, ante la justicia laboral. Sin embargo, aparecieron jueces dispuestos a desafiar esa jurisprudencia.
La operación que se enfocaría en Cúcuta tenía antecedentes en Cartagena, donde un modelo similar de lo que para la petrolera es, llanamente, una operación de saqueo contra sus arcas, ya había arrojado resultados costosos para ella.
El Tribunal Administrativo de Bolívar estaba fallando aceleradamente, y sin mayor fórmula de juicio, a favor de los trabajadores. Apoderados legales presentaron medio centenar de tutelas y, en poco más de año y medio, entre enero de 2009 y octubre de 2010, Ecopetrol perdió acciones de tutela por $8.000 millones. La judicatura investigó por estos hechos a cuatro magistrados del tribunal e imputó cargos y suspendió provisionalmente a dos de ellos: Norah Lourdes Jiménez Pérez y Álvaro Enrique Rodríguez Bolaños.
Al momento de su suspensión, ninguno de los dos seguía siendo magistrado en Cartagena. Norah Jiménez se pensionó pocos días antes de recibir la notificación de su suspensión y se desconoce dónde está. Rodríguez es ahora magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar. “No quiero polemizar con los medios antes de aclarar mi situación en las instancias competentes. Yo actué en defensa del derecho constitucional a la movilidad salarial”, dijo a Dinero el magistrado Rodríguez.
Para la Judicatura, la permanencia de estos dos magistrados en Cartagena habría podido terminar costándole a Ecopetrol cerca de $680.000millones, a juzgar por el volumen de sentencias que estaban proyectadas.
Cuando se cerró el ‘pozo de la dicha’ que los demandantes parecían haber encontrado en Cartagena, apareció la operación para ‘taladrar’ uno nuevo en Norte de Santander. Según fuentes de la oficina jurídica de Ecopetrol, más de la mitad de las tutelas presentadas entre 2010 y 2011 ya habían sido interpuestas en despachos judiciales de otras ciudades. Nueve de cada diez acciones se concentraron en los juzgados tercero y cuarto laborales del Circuito de Cúcuta. Allí se repitió la fórmula ya practicada en Cartagena: concentrar a muchos trabajadores en pocas acciones de tutela.
En la capital del Norte de Santander se han proferido fallos a favor de trabajadores de Ecopetrol por cerca de $53.000 millones, siete veces más que en Cartagena. Cabe precisar que la proporción de pagos a directivos por estímulo de ahorro y a otros por aumentos salariales y pensiones es de cincuenta a uno.
Así, varios interesados lograron “pegarle a la luna”, como lo prometía el mensaje de Ruiz Gualdrón. Este fue el caso de Víctor Manuel Pérez, trabajador representado por el abogado José Minorta. Uno de los fallos ordenó a Ecopetrol pagarle a Pérez salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su despido, en 2010, hasta que cumpla con la edad y requisitos para acceder a una pensión plena de jubilación. Hasta el momento ha recibido más de $1.300 millones.
La Corte Constitucional ha revocado solo 30 de las acciones de tutela falladas en contra de Ecopetrol en Cúcuta y Cartagena. No se han iniciado procesos disciplinarios ni penales contra ninguno de los abogados implicados y la petrolera no ha podido recobrar un solo peso de lo pagado. “Es muy complicado recuperar los dineros porque muchos de los beneficiados ya ni siquiera tienen relación con Ecopetrol”, explica el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Armando Otálora. Con él coincide Juan Manuel Charry Urueña, experto en derecho constitucional, quien previene sobre la mala fe de algunos de los abogados.
CONSIDERAN EXEQUIBLE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Parcialmente fue considerado exequible por parte de la Corte Constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en los artículos que contemplan vigencias futuras.
También, el incremento de la tarifa del impuesto predial y de las participaciones para los resguardos indígenas, el deporte, recreación y cultura, agua potable y saneamiento básico.
Una demanda contra esta norma pedía declararla inexequible, por violar una autonomía territorial.
PROPONEN ACABAR CON PENSIONES EXCESIVAS
Argumenta el senador del Partido Conservador que esta iniciativa debe incluirse en la reforma pensional que prepara el Gobierno Nacional.
Que el Gobierno del presidente Santos estudie a profundidad su propuesta de elevar la edad de jubilación para obtener la pensión de los colombianos, pidió Juan Manuel Corzo, presidente del Senado.
El Gobierno debe pensar primero en la forma de acabar los altísimos montos de algunas pensiones de los regímenes especiales, dijo el congresista.
"Aquellos que tiene unas jubilaciones exorbitantes como también las pensiones de exmagistrados deben ser revisadas", señaló.
"Hay que revisarlas y mirar cómo se pueden nivelar para que haya un equilibrio en el tema pensional al amparo de la Constitución", aseveró Corzo.
ECOS JUDICIALES
A raíz de La Barca del 9 de febrero último, en la que se hacía alusión al Acto Legislativo 1 de 2003, referente al periodo institucional de las personas elegidas para ocupar cargos cuyos titulares se han retirado por cualquier causa antes del cumplimiento del periodo constitucional, y se hacía referencia concreta a los casos de los recién elegidos magistrados de la Sala Administrativa Néstor Raúl Correa Henao y José Agustín Suárez Alba para las vacancias definitivas dejadas por los exmagistrados Jesael Giraldo Castaño y Hernando Torres Corredor, cuyos periodos culminaban el 29 de octubre y 10 de mayo respectivamente, se han suscitado variados comentarios en los círculos judiciales y colegiaturas de abogados por el silencio de las corporaciones nominadoras –Corte Constitucional y Consejo de Estado-, con mayor énfasis ésta última al no oficializarse la convocatoria pública por la proximidad de la fecha del 10 de mayo en que culminaba el periodo de Torres.
Precisiones. Si bien la Constitución y la Ley son de obligatorio acatamiento por los funcionarios y ciudadanos, no menos cierto lo es que con mayor obligación la deben acatar los organismos colegiados, en este caso Consejo de Estado y Corte Constitucional, cuando la norma consagrada en el Acto Legislativo 1 de 2003 es clara y perentoria cuando consigna: Artículo 6o. El artículo 125 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor:
Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la Ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.
Sugerencia. Qué interesante sería conocer el pronunciamiento de las altas corporaciones sobre la norma constitucional y su aplicabilidad frente a los casos planteados, en aras de respetar y salvaguardar la Carta Política, y ser coherente con la información que la presidencia del Consejo de Estado hace respecto a la decisión tomada en la sesión celebrada el 22 de marzo de 2011, en donde se decidió establecer el procedimiento para la elección del magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior que reemplazará a un magistrado cuyo periodo se cumplía el 10 de mayo de los corrientes y la interpretación que habrá de darse al aparte final del comunicado cuando se alude “a la elección de la persona que ha de ejercer esa alta dignidad pública para el período constitucional señalado en el ordenamiento superior”. ¿Cómo habrá de entenderse el aparte final de este comunicado, es por ocho años o el resto del período? (El documento está en la web del Consejo de Estado).
No ha de olvidarse que cuando se hacen estas observaciones e interrogantes se alude a la trascendencia que para la opinión pública representa que el marco jurídico institucional del país sea respetado y acatado, en especial por las corporaciones encargadas de la protección del texto constitucional.